Hoy se le formularon cargos a un adolescente, menor de edad pero punible, por “homicidio cometido en exceso de la legítima defensa”. La víctima es otro joven, mayor de edad, que fue hallado en el barrio Independencia de Viedma. Su cuerpo se encontró tras varios meses, gracias a la colaboración del propio imputado.

Se estableció un plazo de investigación de cuatro meses, que vencerá el 13 de noviembre próximo. Además, se dictó una serie de medidas cautelares que el imputado deberá cumplir para garantizar la continuidad del proceso de investigación.

La Fiscalía inicialmente expuso la evidencia. Según la investigación, los jóvenes se conocían y mediante diálogos por Instagram se citaron en un local nocturno céntrico de Viedma. Luego volvieron al barrio Independencia. En el lugar, siempre según la acusación fiscal, la persona mayor de edad le habría apuntado al otro adolescente con un arma de fuego.

Este contrarrestó el ataque primero con golpes de puño y finalmente con dos disparos. Utilizó la misma arma con la que lo habían amenazado. Luego cubrió el cuerpo con escombros. Tiempo después, se presentó en el Poder Judicial y relató los hechos. Así fue hallado el cuerpo. Mediante pruebas odontológicas, la víctima fue reconocida por un profesional del hospital Zatti.

Tras la exposición de la Fiscalía, el Defensor Penal de Menores e incapaces no requirió aclaraciones ni se opuso a la formulación de cargos. Valoró que su asistido colaboró con la investigación. El juez de Garantías tuvo por formulados los cargos y el plazo de investigación.

Entre las pautas para garantizar el proceso se estipuló la fijación de domicilio, la prohibición de salir de la comarca sin autorización judicial, una restricción de salidas durante horario nocturno, la obligación de abstenerse de protagonizar nuevos hechos delictivos, así como el sometimiento a evaluación y control por parte de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).

Una referente del programa de libertad asistida del organismo participó de la audiencia, a pedido de la defensa.
Los adolescentes de 16 y 17 años son punibles para delitos graves. El proceso penal hasta el juicio se puede hacer durante la minoría de edad, pero el proceso de imposición de la pena, de corresponder, se lleva a cabo luego de cumplir los 18 años.

Previamente la persona menor de edad debe ser sometida a un tratamiento tutelar. Todo el procedimiento está supeditado a los requisitos impuestos por la Ley 22.278.

Prohibición de identificación

Finalmente, el juez de Garantías dispuso la prohibición de toda publicación que implique la posible identificación del imputado, teniendo en cuenta las normas que disponen su protección por ser menor edad.

Esta prohibición no solo alcanza a sus datos personales, características físicas, sino también referencias familiares, domicilios reconocibles, bajo apercibimiento de acciones judiciales por incumplimiento del deber de protección de la intimidad de personas menores de edad involucradas en procesos judiciales.