«La sentencia por el caso Golpe II es un precedente histórico, para que no se vuelva a repetir un golpe de Estado a partir de la ruptura del orden constitucional. Establece ante la historia que la vía democrática y constitucional es la única ruta para llegar al poder», afirmó en un comunicado el Ministerio de Justicia tras conocerse el fallo.

Áñez fue condenada el viernes a 10 años de cárcel por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, al concluir el proceso del llamado «caso golpe de Estado II» en el que analizó su decisión de asumir la jefatura del Estado en noviembre de 2019.

La sentencia fue el final de un extenso proceso, con numerosas interrupciones -algunas técnicas y otras relacionadas con la salud de Áñez-, y constituye la primera resolución de relevancia sobre la salida obligada del poder del entonces presidente Evo Morales y el gobierno de facto que asumió en su lugar.

«Esta determinación judicial prueba todas las vulneraciones en las que incurrió la señora Áñez en su calidad de senadora, al autoproclamarse presidenta del Estado», apuntó la cartera de Justicia.

En su comunicado, el ministerio insistió en que el proceso se enmarcó en las leyes y aseguró que organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) verificaron que se respetaron los derechos humanos y «garantías jurisdiccionales» de la exmandataria de facto.

«Hoy se hizo historia. La señora Áñez fue sentenciada a 10 años en el caso Golpe II por la autoproclamación y la vulneración de las normas de sucesión constitucional en nuestro país el año 2019 en el Golpe de Estado», afirmó en sintonía el Ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo Del Castillo.

«El pueblo boliviano puede decir con orgullo que esta vez no quedará impune quien vulnera derechos, persiga personas, divida familias y provoque dolor en la gente. Este precedente debe servir para que nunca, bajo ningún motivo, una persona se autonombre presidente del país», agregó el funcionario en su cuenta de Twitter.

En el caso, además de Áñez, fueron procesados exjefes policiales y militares por decisiones contrarias a la Constitución, y en particular se investigó a la exsenadora por las acciones que tomó cuando era segunda vicepresidenta de la Cámara alta para asumir la Presidencia del Estado de forma irregular.

Para la defensa de Áñez, no debió juzgarse a la exmandataria por la vía ordinaria, sino que debería haber habido un juicio de responsabilidades en el Congreso, pero los denunciantes -y la justicia- argumentaron que se juzgaron acciones previas a la gestión.

Para Añez como para cualquier delincuente que se precie, su condena es arbitraria, ilegal, injusta, persecutoria, de carácer político y cuanto adjetivo se acostumbre usar en estos casos.-

Para escucharla el tribunal debió trasladarse al penal de Miraflores, donde ya estaba detenida de forma preventiva y luego hizo lo mismo al Penal de San Pedro para el turno de los excomandantes Flavio Arce y Pastor Mendieta.

Áñez tiene pendientes otros dos juicios, uno el «caso Golpe de Estado I», por sus actos como presidenta y otros por las muertes ocurridas durante las llamadas masacres de Sacaba y Senkata, en las que se reprimió a protestas callejeras. (Telam y propia)