Cuatro empleados municipales de Bariloche impulsaron un reclamo salarial ante el Poder Judicial después de agotar la vía administrativa sin obtener una definición del Poder Ejecutivo. El planteo, vinculado al cobro de adicionales por tareas insalubres, recorrió el circuito interno del municipio sin llegar a una resolución concreta, lo que terminó por trasladar el conflicto al ámbito judicial.

La discusión no se centraba en cuánto se debía, sino en la falta de una decisión que cierre el trámite. A través de una acción por mora administrativa, los trabajadores buscaron destrabar esa situación y forzar un pronunciamiento, lo que derivó en un fallo que obliga al municipio a expedirse en un plazo máximo de diez días hábiles.

El reclamo se originó dentro del propio ámbito administrativo, con una presentación formal que apuntaba al reconocimiento de diferencias salariales. Con el paso del tiempo, y ante la falta de una resolución, los trabajadores recurrieron a las herramientas previstas para impulsar el trámite, entre ellas el pronto despacho, que tampoco logró modificar el curso del expediente.

Ese recorrido fue el que habilitó la intervención judicial. La vía elegida no buscó que el tribunal resolviera el fondo del conflicto, sino que obligara a la administración a cumplir con una carga básica: pronunciarse. En ese sentido, el eje del caso se desplazó del contenido del reclamo hacia la conducta del Estado frente a los pedidos de los particulares.

El municipio, al responder en el expediente, sostuvo que no existía incumplimiento. Argumentó que el trámite seguía en curso y que la cuestión requería la intervención de distintas áreas, además de evaluaciones técnicas y presupuestarias que demandaban tiempo.

Sin embargo, la Cámara laboral que intervino descartó esa teoría defensista. Señaló que el desarrollo interno del expediente no reemplaza la necesidad de una decisión concreta y que el procedimiento administrativo no se agota en su tramitación, sino que debe concluir con un pronunciamiento expreso.

El tribunal también observó que las explicaciones brindadas por el municipio no constituyen una respuesta en sentido jurídico, ya que no abordan el planteo puntual ni adoptan una posición frente al reclamo de los trabajadores.

El tribunal consideró configurada la mora administrativa. Destacó que las dificultades organizativas o la intervención de múltiples dependencias no pueden trasladarse al administrado ni justificar la falta de definición dentro de los plazos legales.

A partir de ese análisis, el fallo ordenó a la Municipalidad de Bariloche que se pronuncie en un plazo de diez días hábiles desde la notificación de la sentencia. El fallo no se expidió sobre el fondo del reclamo salarial, que deberá ser analizado y resuelto por la propia administración en el marco del expediente correspondiente.

Sin embargo, estableció una consecuencia concreta en caso de incumplimiento: si el municipio no adopta una decisión en el plazo fijado, los trabajadores podrán considerar agotada la vía administrativa y avanzar por otras instancias judiciales.
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