La crisis económica y la necesidad de sostener a su familia empujaron a una empleada pública de Río Negro a una irresponsable cadena de préstamos. Para pagar una cuota tomó otro crédito, y luego otro más, hasta que los descuentos absorbieron casi la totalidad de su salario. Cuando ya no pudo afrontar sus obligaciones, recurrió al Poder Judicial de Río Negro.

El Juzgado Multifueros de El Bolsón abrió un concurso preventivo y ordenó suspender los descuentos sobre sus haberes, con excepción de las retenciones previstas por ley. La magistrada consideró acreditado el estado de cesación de pagos de la trabajadora y dispuso la apertura del proceso concursal.
Además, ordenó al Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro dejar sin efecto todos los descuentos vinculados con préstamos y otros créditos sobre su salario mientras se desarrolla el trámite judicial, salvo las retenciones legales.

En su presentación, la mujer explicó que comenzó a endeudarse para cubrir necesidades alimentarias de su hija menor y afrontar los viajes de larga distancia que demandaban la atención médica de su hermano, con un delicado cuadro de salud, y de su padre, quien atraviesa una grave enfermedad. Cuando ya no pudo cumplir con las cuotas, tomó nuevos préstamos para cancelar los anteriores y quedó atrapada en un mecanismo de refinanciaciones sucesivas que terminó por desbordar su economía.

Según surge del expediente, los descuentos automáticos llegaron a consumir casi la totalidad de sus ingresos. De acuerdo con la presentación, hubo períodos en los que percibió apenas 83.000 pesos de bolsillo. También afirmó que muchos de los créditos fueron otorgados de manera digital, sin que las entidades evaluaran su capacidad real de pago, y se definió como una consumidora en situación de hipervulnerabilidad económica.

La apertura del concurso preventivo implica que todos los acreedores deberán presentarse en un único expediente para verificar los créditos que reclaman. Desde ese momento, las deudas quedan sujetas al proceso concursal y cesan las retenciones individuales sobre el salario, una de las principales medidas de protección previstas por la legislación. La jueza también dispuso el sorteo de un síndico que tendrá a su cargo el control del trámite y la verificación de los créditos.

Al fundamentar la decisión, la magistrada señaló que la legislación argentina no cuenta con un régimen específico para consumidores sobreendeudados y recordó que el concurso preventivo constituye la herramienta prevista por la Ley de Concursos y Quiebras para ordenar la situación patrimonial de quienes ya no pueden cumplir regularmente con sus obligaciones. En ese contexto, entendió que correspondía admitir el trámite para que la trabajadora pueda reorganizar sus deudas sin que los descuentos continúen comprometiendo gran parte de su salario.