Nota de opinión de Silvina García Larraburu (*): El Gobierno Nacional avanza en un nuevo capítulo del saqueo. A través de Decretos y del llamado a licitación pública nacional e internacional, dispuso la venta total de las acciones de las sociedades hidroeléctricas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, sin precio base, es decir, sin un valor mínimo de referencia para el patrimonio nacional que se pretende rematar.

Este mecanismo revela la naturaleza del modelo que se está imponiendo: un Estado despojado de sus activos estratégicos, una energía que se dolariza, y un recurso vital como el agua entregado a la lógica del lucro privado. No se trata de eficiencia ni de transparencia, sino de liquidar lo público al servicio de un programa económico que solo busca manotear divisas para sostener la especulación financiera.

Las represas hidroeléctricas patagónicas fueron construidas por el Estado a través de HIDRONOR desde la década del 60. Están completamente amortizadas y han generado ganancias extraordinarias a lo largo de los años. Representan no solo infraestructura: son herramientas de planificación territorial, de control hídrico, de política energética y de desarrollo federal. En total, la potencia nominal instalada entre todas las centrales es de unos 4.170 megawatts (MW), que representan entre el 10% y el 15% de la matriz energética nacional.

Privatizarlas es entregar el control sobre el agua, que la Constitución Nacional en el artículo 124, reconoce como recurso de dominio originario de las provincias. Además, es renunciar a la posibilidad de definir una política energética soberana, sustentable y socialmente justa. Con esta decisión se pone en riesgo la seguridad hídrica, la regulación ambiental y el precio de la electricidad, que pasará a estar atado a las variaciones del dólar y a las demandas del mercado externo.

No es la primera vez que se intenta esto. En los años ’90, las concesiones hidroeléctricas fueron sinónimo de vaciamiento, desinversión y fuga de capitales. Las empresas extranjeras que se beneficiaron entonces usufructuaron instalaciones construidas por el Estado sin realizar las inversiones necesarias, mientras el país perdía soberanía sobre su sistema energético. Hoy, en nombre de la “modernización”, se reedita el mismo esquema de entrega.

Desde el Senado, en 2022 presentamos el Proyecto S-3091/22, que proponía que, al finalizar las concesiones, las represas pasaran a ser gestionadas por Energía Argentina S.A., en articulación con las provincias de Río Negro y Neuquén. La propuesta fue desoída, y hoy las consecuencias están a la vista. En marzo de este año volvimos a advertir sobre el riesgo de pérdida de soberanía energética y sobre el carácter estratégico de estas obras, pilares del desarrollo de nuestra Patagonia.

Frente al avance del Ejecutivo, en agosto de 2025 presentamos un amparo judicial solicitando la suspensión del proceso licitatorio, por considerar que viola la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente y el principio de participación de las provincias en el manejo de sus recursos naturales.

La decisión de licitar sin base, y sin consulta federal constituye un acto de servilismo económico frente a los intereses del capital financiero internacional. Es un paso más en la destrucción del Estado Nacional y en la desarticulación del sistema energético argentino.

No se trata solo de represas ni de energía. Se trata del agua, de la soberanía, de la posibilidad de decidir sobre nuestro futuro. Cuando un gobierno entrega sus recursos estratégicos, renuncia también a su proyecto de Nación. Por eso reiteramos nuestro repudio a la privatización de las hidroeléctricas y exigimos que se suspenda el proceso licitatorio hasta que se garantice un esquema de gestión pública y federal.

(*) Silvina Garcia Larraburu es Senadora Nacional por rio Negro