El Tribunal Eclesiástico del Arzobispado de Burgos (España) ha puesto en marcha el mecanismo para activar la posible excomunión de las religiosas clarisas del Monasterio español de Belorado a las que acusa de cometer el delito de herejía contemplado en el Código de Derecho Canónico.

Las propias monjas han publicado a través de Instagram una de las cartas recibidas en la comunidad, dirigida a Sor María Sión de la Trinidad, en la que se llama a declarar sobre las posiciones cismática publicadas el pasado mes de mayo. En la misiva se advierte a las aún religiosas católicas que, de perseverar en tales afirmaciones, se enfrentan a un delito de cisma castigado por el Código de Derecho Canónico con la excomunión.

Así, se especifica que, tanto el llamado Manifiesto Católico como la carta de cisma, firmadas por la que entonces era abadesa, Sor Isabel de la Trinidad, así como las cartas de petición de tutela y aceptación del falso obispo excomulgado Pablo de Rojas “constituyen delito de cisma, tipificado en el Código de Derecho canónico a tenor del canon 751 CIC, cuya pena está prevista en el canon 1364 § 1 CIC, y que lleva consigo la expulsión de la vida consagrada”.

El canon 751 del CIC define la herejía como “la negación pertinaz, después de recibido el bautismo, de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica, o la duda pertinaz sobre la misma; apostasía es el rechazo total de la fe cristiana; cisma, el rechazo de la sujeción al Sumo Pontífice o de la comunión con los miembros de la Iglesia a él sometidos”.

El Arzobispado de Burgos da un plazo de 10 días naturales a partir de la recepción del decreto para comparecer ante el tribunal. Si no están acompañadas de un abogado, se les asignará uno de oficio para que “pueda ejercer su derecho de defensa manifestando su postura” sobre los hechos.

Si en ese plazo no comparecieran, “se procederá a emitir el decreto correspondiente, conforme a Derecho” que establecerá la pena asociada al delito de cisma, que es la excomunión latae sentenciae.

Las clarisas han respondido a través de Instagram afirmando que “nuestro Manifiesto Catolico y nuestras declaraciones posteriores son claras y deberían haber tenido como consecuencia automática nuestra exclusión del ámbito de aplicación del Derecho Canónico”.

Además, acusan al Arzobispo de Burgos, Mons. Mario Iceta, de haber “usurpado” su representación legal “accediendo a la administración de las propiedades y al control de las cuentas bancarias, a las que dejamos de tener acceso el día 4 de junio pasado”.

El pasado 29 de mayo la Santa Sede nombró al Arzobispo de Burgos, Mons. Mario Iceta, Comisario Pontificio “con todos los poderes”.

Según informa el Arzobispado de Burgos, el pasado 6 de junio, acudieron al Monasterio de Santa Clara de Belorado tres personas enviadas por el Comisario Pontificio.

Sor Carmen Ruiz, secretaria de la Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu, “con el fin de establecer alguna línea de diálogo e interlocución con las monjas, de modo particular con las más mayores”. Rodrigo Sáiz, apoderado del Comisario Pontificio, “para comunicar las facultades jurídicas que le competen sobre la administración de los monasterios” y Carlos Azcona, notario del Tribunal Eclesiástico, “responsable de transmitir las notificaciones pertinentes de este Tribunal con respecto a la apertura del proceso canónico correspondiente a la declaración de abandono de la Iglesia católica”.

Estas personas acudieron acompañadas de la notario María Rosa Garrido quien “ha cursado los requerimientos oportunos”, según explica el Arzobispado.

La antigua abadesa de la comunidad, Sor Isabel de la Trinidad, hizo saber por intermediación de Sor Belén y Sor Sión que, salvo la notario, “los demás ‘no eran bien recibidos’ en el monasterio y que deberían abandonarlo, requiriendo la presencia de una patrulla de la Guardia Civil en el caso de negarse”.

Mientras la notario hacía entrega de los requerimientos civiles y canónicos, sor Carmen Ruiz y Carlos Acona esperaron fuera del monasterio, mientras el apoderado pontificio aguardó en el lugar.

Según explica el Arzobispado, Rodrigo Sáiz se identifica ante la Guardia Civil “y muestra la documentación que le acredita como apoderado del Comisario Pontificio”.

“La patrulla indica que se practicarán «diligencias a prevención» y que, a continuación, se entrevistarán con las religiosas. En ese momento, don Rodrigo abandona el monasterio por su propia voluntad tras hablar con la Guardia Civil”, detallan desde el Arzobispado.

Las clarisas, a través de Instagram, refieren que “varios representantes de la Iglesia conciliar”, que es como se refieren estas monjas a la Iglesia Católica, acudieron al monasterio “aprovechando una visita autorizada recibida en el locutorio” donde habrían “irrumpido en el mismo de forma no autorizada”.

Para el Arzobispado, tanto la denuncia interpuesta por las clarisas contra Mons. Iceta, como su ratificación en los juzgados, además del requerimiento a la Guardia Civil “pueden interpretarse como gestos de hostilidad que manifiestan la nula intención de la comunidad de establecer cualquier diálogo con la persona designada por la Santa Sede y su equipo. Aun así, el Comisario Pontificio mantiene su voluntad de tender puentes y de encontrar vías adecuadas para alcanzar una solución”.

Las monjas, por su parte, aseguran: “Realmente nos resulta difícil calificar todos estos hechos como signos de paciencia y diálogo”.

Dado que los decretos fueron entregados en mano en esta ocasión, el plazo de las religiosas para presentarse a declarar expira el próximo domingo 16 de junio.

No todas las religiosas están amenazadas de excomunión
En el Monasterio de Belorado quedan 15 religiosas, tras la salida de la hermana Amparo, quien decidió abandonar el lugar “para no pertenecer a esa secta”, después de enfrentarse al falso obispo Pablo de Rojas.

Cinco de ellas, no se han pronunciado públicamente. Se trata de las más mayores, a las que el arzobispado considera ajenas al manifiesto sedevacantista y la declaración cismática.

Así, serían las 10 hermanas que salieron a defender su postura en la televisión el pasado 15 de mayo, las que estarían en riesgo de excomunión. (Aciprensa)