Un operario de Aguas Rionegrinas trabajaba dentro de un pozo para arreglar la red de agua cuando se desmoronó la pared y le aplastó los miembros inferiores. El accidente le provocó una fractura en la pierna derecha. Se probó que la tierra del lateral del pozo cedió repentinamente, generando que parte del material se le viniera encima. Fue asistido de inmediato y trasladado para su atención médica. 

El diagnóstico fue fractura de peroné derecho, con inmovilización, tratamiento posterior y rehabilitación. En una primera etapa, la Aseguradora de Riesgos del Trabajo otorgó las prestaciones médicas correspondientes y evaluó el caso con una incapacidad del 4,90 por ciento. Disconforme con esa calificación, el operario recurrió a la Comisión Médica y posteriormente a al Poder Judicial.

Una pericia médica indicó que la incapacidad era mayor a la diagnosticada inicialmente. Esa pericia, elaborada sobre la base de estudios clínicos y de un examen físico, determinó que las secuelas del accidente implicaban una incapacidad del 7,60 por ciento. 

Según el informe, el trabajador presentaba limitación en la flexo-extensión de la rodilla derecha, dolor persistente y disminución de fuerza muscular, elementos que comprometían su rendimiento físico en actividades laborales que requieren esfuerzo o movimiento constante.

Así, la Cámara del Trabajo de Viedma reconoció dicho porcentaje como consecuencia directa del accidente, y ordenó a la aseguradora Horizonte Compañía Argentina de Seguros Generales S.A. que le pague la indemnización correspondiente.

El tribunal consideró que el informe pericial era claro, objetivo y se ajustaba a la realidad clínica del trabajador. Además, indicaron que la aseguradora no había ofrecido prueba suficiente para contrarrestar esas conclusiones.