Se presentaron ante el Fiscal Federal de San Carlos de Bariloche en la causa “Odarda María Magdalena, Pilquimán Luis Alberto y otros s/ Traición a la Nación Argentina y Asociación Ilícita”, expte. N° FGR 7532/2020.-

Lo hicieron a fin de denunciar los acontecimientos ilícitos obrados por pesudo mapuches en estos días y a solicitar que los hechos investigados en más de 100 casos penales que involucran a las comunidades Lafken Wikul Mapu, Lof Gallardo , Lof Millalonco-Ranquehue, Lof Che Buenuleo, Pu Lof Cusamen, al (MAP) Movimiento Autónomo Mapuche del Puel Mapu o la (RAM), RESISTENCIA ANCESTRAL MAPUCHE y a quienes participan, promueven y apoyan los raids delictivos con el objetivo de formar una “Nación Mapuche”.-

Para que, reciban la agravante prevista en el art. 41 quinuies del Codigo Penal pues son obrados con la finalidad de infundir terror en la población para imponer sus ideas por la fuerza, desafiando el estado de derecho, a la autoridad del Gobierno Provincial primero y Nacional después, apropiándose de territorios pertenecientes a ambas jurisdicciones como así de un sin número de particulares, habiéndose alzado en armas -propias como impropias- contra las fuerzas de seguridad provinciales, y federales, incluso contra funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial de Río Negro, como así contra funcionarios del Ministerio Público Provincial como Federal quienes resultaron atacados en medio de operativos propios de sus funciones, todo lo cual ha constituido una obstrucción al libre ejercicio de sus facultades constitucionales -Art. 120 de la C.N.-.

Sostienen que este accionar, podría ser encuadrado en las previsiones de los Arts. 213 bis, 214, 215, y 226 del Código Penal, ello, independientemente de todos los otros delitos que han cometido y están siendo investigados en contra de la población en general como los daños, usurpaciones, incendios, lesiones, interrupciones reiteradas a rutas y vías de trenes, abigeatos, amenazas, intimidaciones, daños, abuso de armas.

Insisten en que todos los hechos son llevados a cabo con una ultrafinalidad distinta de la finalidad propia de cada uno de los delitos en particular, cual es la de infundir terror para lograr su objetivo “superior”, que es lograr establecer la Nación Mapuche, dentro del territorio de la República Argentina, desconociendo el orden jurídico argentino en su totalidad.

Destacan además que todo este accionar, se vio potenciado en los últimos años por el rol de ciertos funcionarios públicos y otras organizaciones afines a éstos que se mencionan y que, los funcionarios han quebrantado los deberes inherentes a su función y su actuar ha sido desleal con los intereses de la Nación, han contribuido de manera determinante a envalentonar el accionar de quienes actúan al margen de la ley para crear una nación paralela invadiendo territorio del que se apropian por la fuerza, sublevándose al orden público, desafiando las normas del estado de derecho a sus instituciones y a la integridad territorial.

Mencionan que el colmo de esta cobertura funcional sucedió con dos hechos alarmantes, la presencia del Embajador en Chile Rafael Bielsa en un trámite judicial donde el hoy prófugo de la justicia chilena, Jones Huala pedía su libertad condicional o el llamativo «error» del Ministerio de Defensa en un trámite que casi provoca el despojo de tierras reclamadas por una de estas comunidades al Ejército Argentino.

Piden como corolario, la inscripción de las comunidades ilegales, el MAP, la RAM y otras personas identificadas a las que también piden investigar por art. 306 inc. 1 del Código Penal (financiación de la organización o de personas asociadas) en el Registro Publico de Personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y su Financiamiento (REPET) conforme el Decreto 918/12 y finalizan diciendo

“La inscripción y el tratamiento de estos grupos como lo que son, organizaciones terroristas, debilita de modo determinante su poder de fuego, neutralizando además todo apoyo material que puedan recibir pues sería hechos de financiación de terrorismo”,